Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si el despido de la actora, prospectora de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León merece la calificación de improcedencia o de nulidad por no haberse seguido el procedimiento del art. 51 ET. Tras apreciar la contradicción, la sentencia confirma la resolución recurrida y rechaza la nulidad porque el cese comunicado a los prospectores de empleo contratados con carácter temporal no obedece a la voluntad de la Administración autonómica contratante (el Servicio de Empleo de Castilla y León), sino a la exclusiva decisión legal que dispuso expresamente la finalización del plan extraordinario y que por ello vino a poner término con la misma fecha a la prestación de los servicios pactados. La sentencia descarta que la Directiva 98/59/CE sea de aplicación a las administraciones públicas, por establecerlo así expresamente la propia norma comunitaria en su art. 1.2.b), debiendo por ello resolverse el despido colectivo en el sector público con exclusiva aplicación del art. 51.1 ET.
Resumen: Han existido criterios de selección profesionales en pautas de acomodo a la memoria explicativa, donde la posible versión de inclusión global de aquellos excedentes retornados o recolocados (procedentes del proceso de reestructuración previa), incluso tuvieron la posibilidad cierta y previa de formarse y actualizarse de manera perentoria, aún cuando por causa objetiva, razonable, proporcional y necesaria, entendamos que se encontrasen en peor posición, para con la participación y criterios de mérito y capacidad.
Resumen: Sí, en cambio, existían problemas de producción. Concretamente, tanto la cartera de pedidos como la cifra de negocio habían descendido bruscamente respecto a lo primero y más moderadamente respecto a lo segundo entre los años 2022 y 2023. La evolución advertía de un notable descenso de actividad, es decir, de un problema productivo, desde el último trimestre de 2023, que implicaba la necesidad de suspender temporal la actividad de un grupo de trabajadores, que iban a quedar desocupados o con un grado de ocupación no rentable.
Resumen: Aun considerando que, tal y como recoge el Informe de la Inspección, sí se han acreditado las causas económicas alegadas, dada la clara situación de crisis de la empresa demandada, al menos desde 2019, con pérdidas continuadas y progresivas, asociadas a la carestía de la materia prima, con la consiguiente disminución de pedidos, lo cierto es que la empresa no ha acreditado, en forma, las mismas sufrieran una agravación relevante o significativa en el período que va desde el ERTE, aprobado el 7-6-24, y el presente ERE, iniciado el 23-7-24, comunicando el mismo a la Oficina Territorial de Trabajo el mismo día que finalizan las negociaciones sin Acuerdo, 4-9-24, dejándose sin efecto dicho ERTE en esa misma fecha.
Resumen: No puede entenderse la antigüedad como un concepto autónomo en lo que a la indemnización se refiere. Del mismo modo, tampoco puede atenderse a la necesidad de fijar los cuatrienios para reclamar el periodo de antigüedad, máxime, cuando ambos conceptos son idénticos o, al menos, uno consecuencia del otro y cuando, precisamente, se reconoce su carácter discutido. Ello implica que tal reclamación debió efectuarse en el procedimiento de despido, no valiendo el presente ordinario para reclamar conceptos vinculados a la propia indemnización.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda, segioda por los trámites del proceso ordinario, impugna los parámetros utilizados para la fijación de la indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye que el procedimiento adecuado era el de despido, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda, seguida por los trámites del procedimiento ordinario, impugna los parámetros utilizados para la fijación del importe de la indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye que el procedimiento adecuado era el de despido, y confirma la sentencia recurrida.
Resumen: El trabajador demandante se vio afectado por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda, seguida por los trámites del proceso ordinario, impugna los parámteros tenidos en cuenta para la fijación del importe de la indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que el procedimiento adecuado era el de despido y confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda, seguida por los trámites del procedimiento ordinario, impugna los parámetros utilizados para la fijación del importe de la indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye qu3e el procedimiento adecuado es el de despido y confirma la sentencia recurrida.
Resumen: El demandante se vio afectado por un despido colectivo acordado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda, tramitada a través del proceso ordinario, impugna los parámetros tenidos en cuenta para la fijación del importe de la indemnización. El Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que el procedimiento adecuado es el de despido y confirma la sentencia recurrida.
